No sé si seremos los indicados para desarrollar tamaño sueño.

más de 150 organizaciones ligadas a la defensa de los derechos de las personas en situación de discapacidad publicaron una carta abierta este viernes dirigida al Presidente de la República, sus ministros, los parlamentarios y a la sociedad civil.

La semana que ha transcurrido sigue dejando aumentos en los casos de Covid-19 y un evidente y preocupante déficit para controlar a los santiaguinos que en buen número trataron, con bastante éxito, salir de la capital.

Son las tres de la mañana en Chile continental. La calma de la noche, acentuada por un nuevo toque de queda, cubre el lento avance de una enfermedad que hace 5 meses hubiera sido sólo posible en una película de ciencia ficción. Chile y el mundo se tambalean ante un adversario en las sombras cuyo nombre cada vez cobra más vidas y siembra más temores.

Si algo tienen en común ambos momentos históricos e inesperados para Chile, el de octubre 2019 y marzo 2020, son los rostros cubiertos de muchos de nuestros compatriotas, pasando del estigma y controversia de la capucha a la demanda global y falta alarmante de mascarillas o similares para protegernos del contagio de la extraña enfermedad. La gran diferencia. Las lacrimógenas se veían venir mientras el Covid-19 no se puede saber cuándo estará al lado tuyo o entrará en tu organismo.

Claramente el Gobierno de Sebastián Piñera está enfrentando con poco criterio estratégico y táctico este desafío y el costo se reflejará, más temprano que tarde, en vidas humanas, chilenos y extranjeros. Me explico. No hay vacuna, no hay tratamiento y lo único que se tiene claro es que poco se sabe de un virus cuya información varía al igual que él es capaz de mutar también.

Así lo que en una primera etapa en el gigante asiático se daba por cierto, al poco andar ya había dejado de serlo. Los asintomáticos que se creía no contagiaban, ahora se sabe que sí pueden hacerlo. Las altas temperaturas del verano que se pensaba impedían o, al menos, dificultaban la llegada del virus, claramente no lo impiden. Finalmente, los síntomas son tan generales que terminan por ser asociados a cualquier resfrío, pero uno que se propaga tan rápido como se puede con igual rapidez agravar, dejando sufrimiento y muerte no sólo en los adultos mayores, sino también en los más jóvenes. Lo anterior, sin mencionar otros efectos que van desde la incertidumbre más profunda hasta una crisis económica de proporciones insospechadas que recién inicia.

En este contexto no podemos no decir con fuerza y claridad que la estrategia de identificar a los grupos de contacto de cada contagiado para decretarles sólo cuarentena sin obligatoriedad de testearles, que es lo que está haciendo el MINSAL, nos está haciendo perder 14 o más días y, eventualmente, está ocultando y activando pequeñas, pero múltiples, bombas de tiempo diseminadas a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Peor aún, tal diseño ministerial tiende a instalar una falsa sensación de seguridad y autocomplacencias y un ineficiente, por no decir casi ausente, sistema de seguimiento de casos confirmados y en observación detallada, pues sin saber fehacientemente quiénes de los de cada grupo de contacto están, a su vez, contagiados, se está posibilitando que después de dos semanas los asintomáticos de ese grupo queden libres para propagar la enfermedad en la falsedad de la sanación.

En cambio, si el test fuera la orden tendríamos positivos reales en 20 horas, estrategia y mecanismo en que hay que invertir, también, en mayores capacidades y tiempos de respuesta, pues en la medida que así no ocurra y los casos aumenten, esas preciosas horas tenderán a incrementarse, lamentablemente, significativamente.

Sólo testeando, detectando y aislando, sucesiva y repetidamente, a cada grupo de contacto de los contagiados posibilitaremos generar aislamiento objetivo y con sentido estratégico, pues las cuarentenas -quincenas en realidad- sin obligatoriedad de test no dan espacio al tratamiento diferenciado y oportuno, invisibilizando aún más la pandemia. Entiéndase por tratamiento diferenciado y oportuno básicamente las condiciones de aislamiento y las medidas paliativas rápidas, pues claramente no serán las mismas para un niño que para un anciano, ni menos para un sano que para un diabético o un enfermo del corazón.

Testear, testear, testear, detectar y aislar es la consigna que se deriva de los países cuya intervención ha sido más exitosa y a la que el Gobierno torpemente hace caso omiso. Mientras, estamos ante una débil y poco clara estrategia de aplanamiento que es sólo dilación y donde el aumento de casos será la realidad permanente. Esto es tan así que ya podemos preguntarnos cuál es el segundo paso después de los 14 días ? Quedamos todos en total libertad ? Absurdo. Se renovará obviamente la recomendada medida, tal vez ahora obligatoriamente. El punto es cuánto tiempo más se puede ello sostener ?

Es cierto que no estamos aún en cuarentena total, pero el proceso paulatinamente conduce a ello. Obvio las medidas de restricción al contacto social son acertadas y van de la mano del aumento del nivel de conciencia individual y ahí, además, decisiones como las de distanciamiento en los puntos de atención y pago, horarios diferenciados para adultos mayores y el resto de la población, sanitización de ingreso, que vemos en los supermercados, son claves y acertadas.

Pero insisto, puede enfrentarse esta pandemia sólo con cuarentenas y esta acertada gama de medidas y cambios conductuales ?. Chile aún no está ni siquiera a mitad del otoño, lejos aún del invierno que será, de mantenerse el virus en nuestro territorio, la época más dura por la llegada conjunta de la gripe común, la influenza y los problemas respiratorios de distinto tipo. Se pretende estar sólo en cuarentena en esa época ? 30, 60, 90, 120 o más días ? Con qué logística de apoyo para la provisión de alimentos ? ; y qué decisiones por la autoridad se diseñan para la no interrupción de los suministros básicos como el agua potable, aún en casos de imposibilidad de pago ? .

La compra de elementos que nos permitan tener más de dos mil camas UCI y, en lo posible, aumentar en al menos 20 mil camas generales las actuales casi 40 mil disponibles es una decisión táctica para el momento más complejo de desarrollo de la pandemia y hay que implementarla y apoyarla. De paso expone la fragilidad del que ha sido catalogado por la cabeza del sector como el mejor sistema de salud del planeta.

Con todo, en la etapa previa a ello tres medidas son urgentes e indispensables:

1) Completar urgentemente la vacunación contra la influenza que ha quedado a medio camino por falta de vacunas y capacidad operativa mínima. Ello responsabilidad absoluta de un Gobierno que se sigue auto-alabando en perjuicio y burla de toda la población.

2) Emprender una fuerte, agresiva y rápida campaña de testeo tanto en los grupos de contacto de todos los contagiados como en los grupos de las zonas de contagio más recurrentes, incorporando la gratuidad de la misma para no seguir esperando que un posible enfermo llegue a una sala de urgencia por agravamiento por no detección temprana, salas de urgencias que pronto tenderán al colapso. Hay que testear más allá de los centros asistenciales y hacerlo pronto.

3) Aislar zonas con sentido estratégico, información confiable y adecuado apoyo logístico.

O alguien tiene alguna duda que si al igual que Tortel, La Pintana, Lo Espejo o Cerrillos fueren las comunas de mayor número de casos positivos no estarían ya totalmente aisladas y bajo estricto control militar y condiciones de cuarentena y aislamiento totales, para no usar el vocablo de extremos. Obviamente se evidencia, sin la más mínima vergüenza, un tratamiento territorial manifiestamente discriminatorio por parte de una irresponsable autoridad sanitaria, discriminación que nos costará caro a todos incluida a ella misma.

Por tanto, estimados lectores, si el Gobierno de Sebastián Piñera no implementa un cambio radical de estrategia, poniendo el acento en la detección rápida de los grupos de contacto de cada contagiado para testearles a todos, tendremos más casos, más y más problemas derivados de una crisis social y económica que nos puede retrotraer al 18 de octubre, haciendo de marzo 2020 Y octubre meses de mayores coincidencias que diferencias.

En efecto, las AFP ya acumulan US 230 mil millones de nuestro ahorro previsional, cantidad más que poderosa a la hora de pensar en cualquier reforma a la industria sin escuchar con sumisa atención a esa industria.

Grabamos esta serie de videos para poder explicarte con peras y manzanas todo lo que necesitas saber sobre el presente, pasado y futuro de quienes administran nuestros fondos de pensiones.

En una galaxia, no muy lejana…

Capítulo I: La Amenaza Fantasma

Capítulo II: El Ataque de los Fondos de Pensión

Capítulo III: La Venganza de los pensionados

Capítulo IV: ¿Hay una nueva esperanza?

Capítulo V: El Imperio de los Pensionados Contraataca

(Texto publicado en el sitio cambio21.cl)

En el Proyecto de Ley del Presidente Sebastián Piñera, conocido como reforma de pensiones, los controladores de las AFP se juegan el libre acceso a 1150 millones de dólares aproximadamente y, de paso, el mayor control sobre los cerca de US 230 mil millones que representan ya nuestros ahorros en el sistema privado de pensiones. Lo anterior es posible, pues lo que de verdad interesa a los dueños de las AFP, en el dicho proyecto de ley, es obtener la rebaja a la mitad del actual encaje del 1% y mantener, en lo posible en exclusiva, la administración por el mayor tiempo posible del actual 10% de cotizaciones previsionales. Lo primero les generaría cerca de US 1.150 millones de libre disponibilidad; y lo segundo un mayor control de los cerca de US 230 mil millones que representan nuestros ahorros previsionales. El “encaje”, a que refiere el artículo 37 del DL 3.500, es una reserva de plata a que están obligadas por ley las AFP y que hoy equivale al 1% de los fondos de pensiones que administran. Su objeto es resguardar con esas platas la rentabilidad de nuestros fondos cuando dicha rentabilidad es inferior a un promedio “X” para toda la industria. En otra columna podríamos analizar en detalle este último punto, pero para los efectos de la presente baste saber que por este sólo concepto el conjunto de la industria acumula cerca de UD 2.300 millones a los que quiere y pactó ya acceder con el Gobierno, obviamente mediante un lobby no transparentado y, muy probablemente, pre campaña presidencial. Por esa razón el Gobierno ha insistido, una y otra vez, en bajar el actual 1% de encaje a sólo un 0,5%, lo que significa, en un total de cerca de US 230 mil millones de ahorro previsional, pasar de una garantía de cerca de US 2300 millones a una de no más de US 1150 millones, recursos que podrán ser liberado por los dueños de las AFP y sacados del sistema de garantía a su entera libertad. El argumento del Gobierno para fundamentar tal propuesta no es otro que la necesidad y conveniencia de una mayor competencia en el sistema, competencia que un encaje tan alto resentiría, pues constituye una barrera de entrada para nuevos actores. No hay que ser muy perspicaz para plantear que si faltan actores y competencia (que por cierto faltan), por qué no se establece un encaje bajo para los nuevos actores con la obligación de gradual aumento del mismo para, en un plazo razonable, llegar al régimen actual del 1% ? Tal pregunta no encuentra respuesta, pero si el total silencio de la autoridad o argumentos de segundo orden y poco peso. Lo cierto es lo que hemos afirmado: van por la rebaja del encaje para disponer de esas platas y ello es una de las monedas de cambio para aceptar no participar del nuevo 5% de cotización, aumento que el mismo proyecto de ley establece de cargo del empleador y de administración exclusiva de un ente público aún no del todo claro. Por otra parte, si la rebaja del encaje fuere el camino para aumentar la competencia, cómo explica el Gobierno que habiendo sido el encaje inicialmente de un 5%, su rebaja (sideralmente mayor) a un 1% no generó antaño esa mayor competencia que se sostiene una rebaja como la hoy propuesta sí generaría ? Nuevamente no habrá respuesta y, en lo posible, esperan que nadie recuerde que el encaje era originalmente mucho mayor y que operaba bajo condiciones muy diferentes a las actuales. Pero no conformes con el debilitamiento irresponsable del encaje, Piñera entrega a las AFP un premio aún mejor: el control en exclusiva y por el mayor tiempo posible de los cerca de US 230 mil millones que acumulan los fondos de pensiones de los chilenos. Y para ello la clave es aceptar no entrar en la administración del adicional 5% de cotizaciones, pero siempre que se mantenga el control sobre lo que ya se está administrando en exclusiva, idealmente sin nuevos actores y restringiendo los fondos a traspasar a los afiliados mediante diversas fórmulas. Limitar el acceso a los excedentes de libre disposición y a la jubilación anticipada, mantener la tasa de interés técnico de retiro programado (TITRP) en sede administrativa regulatoria y por debajo del promedio del mercado y no modificar una tabla de mortalidad impropia, que castiga a los pensionados, son las principales herramientas para lograr lo anterior. Esa y no otra es la razón por la que el súper de pensiones sigue proyectando TITRP cada 3 meses por debajo del mercado, y donde sólo el año recién pasado el casi 8% de rentabilidad del Fondo E casi triplica la dicha tasa de interés de re cálculo de las pensiones de la modalidad retiro programado. Y esa y no otra es la razón por la que se hará todo lo posible por mantener y acrecentar las aberrantes restricciones al retiro de ELD y a la jubilación anticipada y para no ceder a la presión de revisión de las tablas de mortalidad.Queda aún por ver si el Presidente Piñera y su Gobierno podrán consolidar su plan este año 2020, pues hasta el estallido social del 18 de octubre al menos el segundo de los objetivos había sorteado los obstáculos de comisiones, y todo indicaba que al igual que la reforma tributaria lograría pasar el de la sala de la Cámara de Diputados. Mal que mal habían y aún subsisten 230 mil millones de poderosas razones para lograr el objetivo.

Piñera continua negando a los chilenos el acceso a sus propios ahorros, los que seguirán capturados por la codicia de las AFP.

La ley corta sobre pilar solidario refrendó la nula disposición del Presidente Sebastián Piñera respecto de la posibilidad de acceso por los chilenos a sus ahorros, ello mediante otro portazo a la posibilidad de activación de los llamados beneficios previsionales: el retiro de excedentes de libre disposición (ELD) y la jubilación anticipada.

En efecto, la nueva ley sólo aparenta desacoplar como requisitos del retiro de excedentes de libre disposición la PMAS (pensión máxima con aporte solidario), ello al reemplazar ese concepto por un guarismo de 12 UF como mínimo a garantizar como pensión autofinanciada por todo el que quiera acceder al retiro de ELD.

Con ello, si bien la PMAS deja de ser un requisito y una restricción al retiro de ELD, se mantiene su consecuencia que es el monto, incrementado y con corrección automática al alza día a día, de la pensión autofinanciada, permitiendo de paso que la inflación sea una nueva enemiga del retiro de excedentes de libre disposición. En cifras, de una PMAS actual de 325 mil pesos, como requisito para el retiro de ELD, hemos pasado a un guarismo de 338 mil (12 UF), aumentando así el monto de ahorro que se debe tener para poder acceder a este beneficio, ahorro que se consolida así en los 75 millones de pesos.

Por tanto, el retiro de excedentes de libre disposición seguirá siendo un beneficio previsional sólo para las personas de mayores recursos económicos. Y aún ellos con el otro requisito, el de la tasa de reemplazo del 70%, que no se quiere tocar, seguirán limitados en su gran mayoría para poder acceder a este beneficio previsional del DL 3500.

El objetivo del Gobierno claramente es seguir capturando para los dueños de las AFP y los beneficiarios de esos capitales (bancos, empresas, fondos de inversión) el control y administración de los ahorros de los chilenos, recursos que ya superan los US 230 mil millones.

Prueba de lo anterior es que el Gobierno en su proyecto original, antes de la crisis, pretendía hacer aún más restrictivo el retiro de excedentes de libre disposición, al exigir para ese beneficio previsional el 100% de la PMAS en el tramo de los 80 años. Es decir, usaba la discriminación por edad para aumentar el monto del requisito de la PMAS, dejando en 141 millones el ahorro a acreditar para poder por sobre el hacer retiro de excedentes, elevando casi al doble el actual monto de ahorro a acreditar en las cuentas de capitalización individual por los chilenos.

Así, en la ley corta de pilar solidario el Gobierno, en la práctica, sólo ha renunciado tácticamente a vincular el retiro ELD con el tramo más alto de la PMAS, el de los 80 años, pero no ha renunciado a mantener el requisito del 100% de la PMAS, disfrazado ahora con un guarismo (12 UF) incluso superior y ganando la indexación automática a la UF como nuevo candado para acceder a nuestros ahorros al momento de la jubilación.

La oposición, salvo honrosas excepciones, está nuevamente aceptando ello o, difícil de creer, no percibiendo el engaño. Ello en el contexto de un acuerdo previo sobre el particular, desconocido flagrantemente por el Gobierno, es aún más grave.

De paso, se renuncia por todos, pues ni siquiera se tocó una de sus normas, a utilizar el mecanismo de la flexibilización de la Jubilación Anticipada como colchón al inminente aumento a dos dígitos de la cesantía del país.
Para tapar lo anterior, se pondrá el acento, comunicacionalmente, en el aumento de la pensión básica solidaria en un 50% desde diciembre de este año, no reconociendo que es con segregación por edad, sin universalidad y con renuncia absoluta a mecanismos para enfrentar el desempleo, de cero costo fiscal, como el retiro de excedentes de libre disposición y la jubilación anticipada.

El Presidente Piñera sella así el año presumiendo del inicio de su agenda social en materia de pensiones, pero negando nuevamente a los chilenos el acceso a sus propios ahorros, ahorros fundamentales en tiempos de crisis y cesantía.
La codicia de los controladores de las AFP, con la complicidad presidencial, seguirán alimentando, lamentablemente, la desigualdad de un país manifiestamente desigual, pero lo que es más grave aún con la negativa a los propios ahorros de los chilenos.

El proyecto de ley corta sobre pilar solidario del Gobierno del Presidente Piñera surge de un nuevo acuerdo Gobierno Oposición en el Senado donde nuevamente ambos renuncian a regular el modelo AFP, manteniendo la tónica de los últimos 30 años respecto del modelo previsional privado y ello no obstante, en el caso de la oposición, ser mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

La oposición parece cómoda con el modelo previsional privado, pues no se entiende de otra forma que después de todo lo que ha pasado en Chile no obtuviera para quienes dice representar (grupos vulnerables, trabajadores y clase media en general) absolutamente nada de dicho acuerdo de pensiones.

En efecto, la minoría, sin legitimación de ejercicio alguna, que representa Piñera y su Gobierno impusieron sus términos sin ningún contrapeso. Tanto así que no cedieron siquiera a la exigencia, de toda justicia de la oposición, de mejora de la pensión básica solidaria (PBS), vía ley de presupuesto, en un 50% y con carácter universal e inmediato, incluso cuando tal planteamiento tenía respaldo transversal y había sido levantado por parlamentarios del propio oficialismo.

Así, un Presidente Piñera deslegitimado e impopular, y con malos argumentos, impuso el camino de una ley corta que continua discriminando por edad, al igual que en su proyecto original de pensiones, que posterga la universalidad y establece una gradualidad impropia con vicios de inconstitucionalidad.

La falta de toda muñeca política o la manifiesta conformidad con el modelo parecen ser tal que la oposición ni siquiera fue capaz de obtener el más mínimo de los logros que toda negociación reserva para las partes. Salvo la Senadora Ximena Rincón, que no por el trabajo mancomunado y vínculo de hermanos destaco, nadie fue capaz de colocar un sólo aspecto de regulación al sistema de AFP, quedando todos diluidos en la euforia, sin lógica ni sentido práctico alguno, de los supuestos logros en materia de medicamentos y transportes que el acuerdo consigna y mezcla con pensiones en términos bastante burdos.

¿Cómo un sector político, como la oposición, cuyos votos son esenciales para la aprobación de cualquier ley por el bloque gobernante, cede total y absolutamente en un proyecto de ley tan sensible para el país, al punto de ni siquiera exigir en la negociación la prohibición de la inmoral práctica de la declaración y no pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de Chile ? ¿Cómo este sector político realiza tal concesión en medio, además, de una agenda anti saqueos del oficialismo que, por cierto, excluye los de cuello y corbata ?

Parece ser más importante el estar en la foto, aparecer en primera fila, colocar la firma, que salvaguardar los legítimos intereses de quienes les han otorgado un mandato de representación legislativa ? Todo indica que así es, siguiendo el mismo patrón que el primario y feble Acuerdo por La Paz y una Nueva Constitución les involucrara.

La gran diferencia dirán los defensores de este actuar está en que aquí la oposición se ha reservado conscientemente, pero de ser así con ingenuidad increíble, para el debate de fondo en el proyecto de ley inicial de reforma del sistema de pensiones, pretendiendo ahí, esperamos, hacer lo que claramente dejaron de hacer en el acuerdo de pensiones.

Explicaciones varias parecen ser la tónica para una oposición que no está cumpliendo su rol, pues el debate de fondo no impedía, a lo menos, y conjuntamente con la ya dicho, implementar urgentemente herramientas para enfrentar en mejor forma la cesantía que se disparará en el corto plazo, y donde los actuales mal llamados beneficios previsionales, como la jubilación anticipada y el retiro de excedentes de libre disposición (ELD), podrían haberse convertido en una realidad al alcance de la mano y para alivio de miles de chilenos que la pasarán mal en los próximos meses y años.

Renunciar a lo dicho es a mi juicio no entender la magnitud de la crisis que en materia de cesantía enfrentará el país, desperdiciando, sin el más mínimo sentido de oportunidad, la posibilidad de generar mecanismos indirectos, pero eficaces, para la reactivación económica de Chile, pues tanto el retiro de ELD como la jubilación anticipada garantizan, sin costo fiscal alguno, una mayor liquidez, aumento del consumo de manera sostenida y sustentable y cierta tranquilidad y alivio a miles de hogares que no pueden esperar las disquisiciones y tiempos del proyecto de ley de reforma de pensiones del Gobierno a que apuesta, erradamente, la oposición.

A su turno el Presidente Piñera sigue demostrando que no quiere entrar al debate de fondo en materia de pensiones y que prefiere seguir girando a cuenta de la caja fiscal que exponer a los dueños de las AFP a tener que abrir la llave de los recursos que les pertenecen a los chilenos, y que, dicho sea de paso, esos verdaderos chilenos sí invertirían en Chile y no en el extranjero. Siendo, todo indica, esa la opción y la profunda convicción del Presidente Sebastián Piñera, qué importa (dirá él) ¿que la ley corta sobre pilar solidario se quede corta ?

El presidente Sebastián Piñera no ha escuchado la voz de nadie. A lo más, la suya frente a un espejo en La Moneda que le dice que es el más grande de todos los Pdtes de Chile, pero que el pueblo no lo quiere porque no comprende su grandeza.

Piñera insiste en su reforma de pensiones y, sin decirlo, no renuncia a la reforma tributaria, pues si existe alguna planificación de saqueo de chile es la que él ha coordinado con sus equipos y técnicos.

Es por eso que disfraza de novedad su mentada reforma de pensiones, anunciando ahora aumentos a la Pensión Básica Solidaria (PBS) y la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS).

En su Proyecto de Ley de Pensiones, Piñera subía la PBS de 110 mil a 120 pesos. Ahora, la subirá de 110 mil a $132.000.  Otra muestra inequívoca que confirma que no escucha la voz del pueblo, pues insiste en una pensión de miseria, inhumana e indigna.

Originalmente, el plan del mandatario subía la PMAS en un 15%, esto es, de $325 mil a $374 mil pesos. Ahora anuncia un adicional de $16.250, manteniendo e insistiendo majaderamente en la segregación por tramos de edad que es inconstitucional y regresiva.

Piñera claramente no ha renunciado a cuidar las platas de las AFP que, siendo de los trabajadores de Chile, administran el dinero como propio.

Esto explica la segregación por tramos de edad, pues al establecer una PMAS más alta en el tramo de 85 años, permite a las AFP no entregar excedentes de libre disposición a los trabajadores pensionados.

¿Por qué? Simple. Uno de los requisitos de los excedentes de libre disposición es que el trabajador acredite un cálculo de pensión por la AFP del 100% equivalente a la PMAS. Así, mientras más subes la PMAS o mientras más alto es el tramo que usas para el cálculo, más plata deberás tener para cumplir el requisito que te permite el retiro de excedentes.

Concretamente, mientras hoy con 65 millones cumples el requisito y todo lo que está por sobre esa suma, lo puedes retirar, con la propuesta de Piñera deberás tener 135 millones para cumplir en el tramo y monto de la PMAS. 

Es decir, si una persona (muy difícil) tiene 140 millones ahorrados, podrá retirar sólo 5 millones y la AFP podrá administrar prácticamente todo.

En resumen, sólo los más ricos podrán hacer retiro de excedentes de libre disposición. Es, por tanto, una novedosa fórmula de apropiación de las platas de los trabajadores.