El nuevo candado financiero para los trabajadores y sus ahorros

El nuevo candado financiero para los trabajadores y sus ahorros

En el anterior artículo anticipamos las posibles modalidades de pensión. Dada la trascendencia de la reforma de pensiones, he decidido mutar al análisis y denuncia de algunos de los graves contenidos de dicha reforma del actual Gobierno.

Así como ya señalé desde el Congreso que la reforma de la ex Presidenta Michelle Bachelet no cambiaba estructuralmente el sistema privado de pensiones, hoy podemos afirmar que el proyecto de ley del Presidente Sebastián Piñera es mucho más de lo mismo. De esta manera, se acentúa el poder de las AFP a través de más facultades al Superintendente de Pensiones (su histórico socio estratégico que permanentemente actúan pro AFP), restringiendo la libertad de los ahorrantes que finalmente son los únicos dueños de sus esfuerzos previsionales. Ahora ellos quedan más amarrados que antes a manos de los controladores privados con la lamentable complicidad del aparato estatal y del Gobierno de turno.

Sea público (sea público, privado o moxto), el sistema previsional debe ser capaz de garantizar pensiones dignas, retribuir adecuadamente el esfuerzo de ahorro y evitar el conflicto de intereses con una política pública regulatoria transparente, justa y eficiente, donde los acentos estén en el bien común y no en las mezquindades de los intereses de los grupos financieros que raptan capital ajeno para beneficio propio.

Lamentablemente el proyecto de ley del Presidente Piñera no tiene esa orientación y daremos algunos indicios de ello.

En primer lugar, la tan invocada libertad de elección y su fortalecimiento que dice defender y promover la derecha chilena está lejos de ser una realidad. Así y mientras el Gobierno de derecha defiende con su Ministra de Educación la libre elección del establecimiento educacional, en materia de pensiones pretende declarar interdictos financieros a los trabajadores mediante un corralito de tres tiempos que:

1.-Impedirá que nos podamos cambiar de AFP las veces que queramos. Esto, porque el número de veces las determinará el Superintendente de pensiones a su entera libertad.

2.-Prohibirá que materialicemos los traspasos de fondos en tiempo real. Otra vez, el Superintendente de pensiones determinará el plazo en que ello acaecerá.

3.- Facultará a tu AFP para sacarte del fondo por ti elegido si no respondes la encuesta de satisfacción que se te podrá realizar las veces que estimen conveniente.

Todo esto, sin ninguna responsabilidad para el Estado y sus organismos por las eventuales consecuencias económicas negativas para nuestros ahorros que estas decisiones antojadizas y arbitrarias pudieran producirnos.

En segundo lugar, el proyecto de ley de la derecha captura para el Estado, a través del gobierno de turno, la posibilidad de ajuste de la caja fiscal por medio del control de la reajustabilidad de las pensiones básicas solidarias (PBS) y de la pensión máxima con aporte solidario (PMAS). Esto, al borrar los guarismos que determinan sus montos dejando nuevamente en manos del Superintendente su determinación futura.

No puede ser, sino la intención de poder ajustar a través de los más pobres la explicación de tal decisión, pues ello permite eliminar la reajustabilidad garantizada por IPC hoy vigente en la ley, dejándola en épocas de crisis como caja pagadora de los ajustes financieros del Estado. Peor aún, el Proyecto de Ley pretende discriminar por tramos de edad tanto en la PBS como en la PMAS. Es decir, mientras la reforma a la salud pretende eliminar las discriminaciones por edad, aquí en materia de pensiones las va a consolidar.

Además, todo indica que el Gobierno pretenderá reponer vía indicación (ante la derrota de este punto en la Comisión de Trabajo de la Cámara).

En tercer lugar, el Proyecto del Gobierno instala una nueva burocracia estatal para la administración del 4% adicional de cotización (de la mano de una parte de la oposición como lo es la DC y el PR) sin ninguna lógica económica mínima que vele por la rentabilidad de los ahorros y nuevamente, suprimiendo toda posibilidad de elección de aquellos a quienes se dice el proyecto beneficiará.

El Ente, como se le ha denominado a este “administrador público del 4%” (y del que veremos varis denominaciones durante la tramitación legislativa), es un híbrido que responde más a la necesidad imperiosa de dar viabilidad a la aprobación de la reforma,  que el producto de una institucionalidad seria, moderna y con sentido país, capaz de mejorar de verdad las pensiones o, al menos, refrescar y dar legitimidad al sistema previsional chileno.

Así las cosas, es perentorio agregar que todo esto será supervisado por la misma Superintendencia que ha fallado en su misión fiscalizadora sobre las AFP’s y que poco le va quedando de administrador, pues terminará siendo un simple pasa pelotas en la cancha del sistema de pensiones que licitará carteras, adjudicando al que cobre menos. Y no sólo eso, también a personas jurídicas de giro exclusivo bajo estructura jurídica de sociedades anónimas (al igual que las AFP’s), pudiendo también subcontratar a gestores de carteras de activos específicos. En otras palabras, gatopardismo puro y simple que no sólo redundará en una doble administración, sino que también, en una doble comisión.

Así las cosas, la aprobación de las numerosas y complejas disposiciones de la mal llamada reforma previsional del Gobierno de derecha, es claramente mucho más de lo mismo porque no garantiza mejores pensiones futuras y consolida el círculo de pobreza de la tercera edad al reservar, con nuevos candados, el control y decisión sobre más de US 220 mil millones para los grupos controladores de las AFP, pero no dueños aún de nuestros ahorros.

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *