Seguridad pública regional que genera protección y bienestar a la comunidad, centrada en las personas, no en el delito.

Con dependencia directa del Gobernador Regional.

Que incluya una gestión integral de riesgos, emergencias y catástrofes.

Con un enfoque integrado, coordinado y colaborativo con la comunidad, municipios, instituciones públicas y privadas.

Que abarca todas las fases del ciclo de vida de la emergencia, independiente de su origen, causa, magnitud, complejidad o duración.

1. Establecer una cultura de anticipación, dejando atrás un enfoque de gestión que suele mantenernos en la administración del daño, poniendo en el centro el delito y no a las personas.

2. Fortalecer un encadenamiento de esfuerzos desde la base hacia el nivel regional, buscando construir comunidades más resistentes y resilientes frente a las emergencias y catástrofes, identificando los riesgos y amenazas.

3. Tomar acción oportuna cuando una emergencia golpee a nuestra comunidad, desplegando los esfuerzos necesarios para mitigar la afectación a la salud y vida de las personas, sus bienes, infraestructura, medio ambiente y economía local y regional.

4. Fortalecer la transparencia y acceso a la información, elemento fundamental para robustecer la confianza entre instituciones.

5. Exigir del Gobierno Nacional una política clara respecto al tráfico de drogas, que está a punto de arriesgar la paz social y la convivencia democrática.